A partir del 2 de agosto, España comenzará a aplicar la Directiva Europea de Conciliación, que establece un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de un hijo hasta los 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todos los trabajadores disfruten de un permiso parental de menos de cuatro meses antes de cumplir 8 años. Estos dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados si no se completan. El Gobierno tiene ahora un plazo adicional hasta agosto para adaptarse a estas exigencias.
La ley de familias ya reconoce este derecho, pero también el derecho a definir cómo y cuándo se financiará el cumplimiento total de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciaremos a la remuneración de cuatro semanas, aunque algunos miembros del Gobierno ya lo hayan hecho.
El parlamentario de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 por nacimiento y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas de parto y 3 semanas adicionales de lactancia.
Si sugiere al PSOE ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y garantizar el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros durante la semana salarial. Además, si la legislación no se aplica a tiempo, la multa podría alcanzar los 53.600 euros diarios.
Hay muchos trabajadores y empleados jóvenes e inseguros sobre cómo financiar estos permisos. Según Catarina Capeáns, especialista en derechos laborales, aunque la ley reconoce derechos, no se concreta cómo se debe pagar. Esto ha generado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estas licencias y sus costes.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también dice que la falta de claridad sobre cómo implementar estos permisos ha generado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago es del Estado, pero es necesario un desarrollo normativo que lo haga vital, con el objetivo de integrar plenamente la directiva en 2025.
