Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tiene previsto aterrizar este miércoles en Israel. Desde que a principios de esta semana se empezara a especular con su visita, se consideró que podía ser clave para desbloquear las negociaciones de un acuerdo que permita la entrada de ayuda humanitaria a una Gaza sin apenas agua, combustible ni electricidad, la salida de la Franja de quienes tienen pasaporte extranjero y la liberación de los al menos 199 rehenes israelíes. Pero la matanza de medio millar de civiles en un hospital en Ciudad de Gaza, ocurrida en la tarde del martes, eleva la presión sobre este viaje. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, ha anunciado nada más conocerse el ataque que cancelaba su encuentro con su homólogo de EE UU, el rey Abdalá II de Jordania y el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi en Amán (Jordania), previsto para el miércoles. Por la noche, el Gobierno jordano anunció que la cumbre entre los cuatro líderes quedaba cancelada. “Ya no hay nada de lo que hablar ahora salvo de parar la guerra”, zanjó el ministro de Exteriores Jordano, Aiman Safadi.
La tensión tras la masacre del hospital Al Ahli ha ido creciendo en la región a lo largo de la tarde. El rechazo de Abbas a participar en la cumbre con Biden se ha producido en medio de una catarata de condenas de otros dos de los países participantes —el anfitrión, Jordania, y Egipto— y otros países árabes y musulmanes como Turquía o Qatar. La indignación ha generado además disturbios en diversas localidades palestinas y en Amán, donde los manifestantes han rodeado la Embajada de Israel. “Esto [el ataque al centro sanitario] confirma que este Gobierno israelí no respeta ningún estándar ni ley internacional”, ha asegurado el portavoz de la presidencia palestina Nabil Abu Rudeina. Israel, sin embargo, culpa de la masacre a un ataque fallido de la Yihad Islámica.
El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, ha dejado clara la posición de Washington respecto a los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y la respuesta militar israelí en Gaza. El domingo, en un comunicado, afirmó que Israel tiene el derecho (e incluso la obligación) de defenderse aunque de acuerdo a las normas del derecho internacional. “La forma en la que Israel haga esto importa. Debe afirmar los valores compartidos que tenemos por la vida y la dignidad humana, tomando todas la precauciones posibles para evitar el daño a civiles”, aseguró.
La matanza, la mayor que se recuerda en una guerra en la que haya intervenido Israel, aumenta el riesgo de una crisis de refugiados, cada vez más presente en el debate del conflicto que comenzó el pasado 7 de octubre con el ataque de Hamás a Israel que dejó unos 1.400 muertos, principalmente civiles. Once días de bombardeos masivos han causado unos 3.000 muertos, casi un tercio de ellos menores. Y los ataques aéreos han ido acompañados del desplazamiento forzoso hacia el sur de 600.000 residentes de la franja. Allí está Rafah, el paso fronterizo con Egipto, el único que no controla Israel, por lo que crece la presión a El Cairo para que lo abra.
Con Biden a punto de llegar a Israel, más de 140 camiones cargados con ayuda humanitaria egipcia se encuentran ya en Rafah. Se desplazaron durante la madrugada del martes desde la ciudad de Al Arish, designada por El Cairo como centro logístico para recibir y expedir la asistencia hacia Gaza, hasta el paso fronterizo. El convoy ha permanecido detenido toda la jornada en el lado egipcio de la frontera, a la espera de que Israel —que el lunes bombardeó la terminal palestina del cruce por cuarta vez en una semana— ofrezca garantías de seguridad para su acceso al enclave y su distribución.
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A última hora del lunes, Hamás publicó la primera prueba de vida de uno de los entre 200 y 250 rehenes que asegura tener, más las decenas en manos de otros grupos armados. La familia ha confirmado que se trata de Mia Schem, una joven francoisraelí. Cuenta que está en Gaza, que llegó herida y ha recibido atención médica. Luego hace un ruego: “Solo pido que me envíen de vuelta lo más rápido posible con mi familia, con mis padres y con mis hermanos”.
Las negociaciones habían detenido de facto la invasión terrestre cuya inminencia Israel sugería la pasada semana y cuyo apoyo internacional se verá previsiblemente afectado por la matanza en el hospital de este martes. Un portavoz militar israelí aclaró que, aunque “todos hablan de una ofensiva terrestre”, la “siguiente fase de la operación puede ser algo diferente”. Israel se viene marcando como objetivo “destruir a Hamás” —que gobierna Gaza desde 2007— tanto política como militarmente, algo imposible de lograr sin una ofensiva terrestre.
Gestionar la crisis desde Gaza y Cisjordania
Jordania y Egipto, los dos países árabes que tienen frontera con los territorios palestinos, han dejado claro este martes que no están dispuestos a recibir una oleada de refugiados por la ofensiva israelí en Gaza. “Ni refugiados a Jordania ni refugiados a Egipto”, ha sentenciado el rey de Jordania, Abdalá II, que insistió en que “la situación debe ser gestionada dentro de Gaza y Cisjordania” y “no recaer sobre los hombros de otros”. “Creo que puedo hablar aquí en nombre de Jordania como nación, pero también de nuestros amigos en Egipto. Esto es una línea roja”, ha señalado en una rueda de prensa en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz. El asunto es tan espinoso —y toca tantas fibras históricas y de seguridad— que Abdalá II ha organizado un encuentro a cuatro en Amán para este miércoles, con Biden, Al Sisi y Abbas, para abordar “los peligrosos acontecimientos en Gaza, su impacto regional y la garantía de aportar ayuda a la Franja de Gaza”.
“Si me preguntas si Egipto puede albergar a 2,5 millones de habitantes, creo que también se puede preguntar si el Reino Unido o algún país de la Unión Europea (UE) puede adoptar esta política”, ha asegurado el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, en declaraciones a la emisora británica BBC reproducidas por el Ministerio de Exteriores en la red social X, antes Twitter. Rishi Sunak, primer ministro británico, es uno de los que ha pedido a Egipto que permita la salida de los habitantes de Gaza, a cuyas puertas se acumulan decenas de miles de soldados israelíes con vistas a una incursión terrestre.
Como principio, El Cairo y Amán se oponen a recibir refugiados gazatíes porque consideran que supone trasladarles un problema que no han creado, en beneficio de Israel, técnicamente aún potencia ocupante y por tanto responsable de la población de la Franja. También que alejaría aún más la creación de un Estado palestino como horizonte para resolver el conflicto de Oriente Próximo. Al Sisi ha asegurado que es vital que los palestinos “se mantengan firmes y presentes en su tierra”, mientras que el rey jordano se opone a “todo intento de desplazar forzosamente palestinos de todos los territorios palestinos [Cisjordania y Jordania comparten frontera, controlada por Israel] o causar su desplazamiento interno”. Los dos países son aliados de Estados Unidos y son los únicos vecinos de Israel que reconocen al Estado judío.
Cada uno tiene además sus intereses particulares. Egipto está inmerso en una de sus peores crisis económicas y teme un flujo de población al Sinaí, que pasó de territorio sin ley a zona de batalla entre las fuerzas de seguridad y grupos islamistas y donde decenas de miles de palestinos cruzaron en 2008 tras volar la frontera (hoy un muro). Durante años, El Cairo ha contribuido durante años al cerco israelí y en los últimos años Rafah era sinónimo de largas colas y controles de seguridad y de sobornos para poder salir.
Jordania es el país con más refugiados palestinos de la Nakba, la huida o expulsión de unos 750.000 palestinos ―dos tercios de los que vivían en el actual territorio de Israel― y la destrucción de más de 400 localidades entre 1947 y el final de la primera guerra árabe-israelí, en 1949. Se suele definir el país como una “isla de estabilidad” en un convulso Oriente Próximo, pero esa isla flota entre un delicado equilibrio entre la mitad de la población palestina y la que tiene orígenes beduinos.
Para los palestinos, la perspectiva de un nuevo desplazamiento forzoso tiene todos los ecos de la Nakba, el elemento más definitorio de su identidad nacional. Hamás ha pedido a la población que se quede.
Todo ello ocurre mientras se agrava la crisis humanitaria. La última planta desalinizadora de agua de mar de Gaza ha cerrado este martes, según la UNRWA. La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas ha denunciado que Israel solo ha permitido el suministro de menos del 4% del agua que consumía la población de Gaza hace dos semanas. El riesgo de muertes por infecciones, advierte, “es inminente si no se permite la entrada inmediata de agua y combustible”.
Las autoridades de la Franja han hecho asimismo “un llamamiento urgente” a los dueños de gasolineras y a los residentes en el enclave que tengan “cualquier litro” de combustible para que contacten a las autoridades ante el riesgo de que los centros médicos y hospitales queden sin suministros.
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